El fiscal general de Texas está demandando a Meta, la empresa matriz de Facebook, acusándola de recaudar datos biométricos de los residentes del estado para fines comerciales sin su consentimiento.
El fiscal general Ken Paxton presentó la demanda el lunes en un tribunal federal del estado, denunciando que Meta ha estado “almacenando millones de datos biométricos” de la ciudadanía como imágenes oculares, registros de voz o huellas digitales o faciales a partir de fotos o videos que la gente sube a sus plataformas como Facebook e Instagram.
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“Facebook ya no podrá aprovecharse de la gente y de sus hijos para sus propias ganancias a expensas de la seguridad e integridad de las personas”, aseveró Paxton en un comunicado.
La demanda surge el mismo día en que Paxton se enfrenta a otros candidatos en elecciones primarias en Texas, y luego que varios subalternos lo denunciaron ante el FBI por presunta corrupción.
Paxton ha sido un consistente crítico de las grandes empresas tecnológicas —un enemigo común que tienen tanto demócratas como republicanos— si bien no siempre con los mismos argumentos. En otras oportunidades lanzó una investigación contra Twitter por cerrar la cuenta del expresidente Donald Trump y presentó varias demandas contra Google.
Bajo las leyes de Texas, dice la demanda, las compañías deben tener “el consentimiento informado” de alguien antes de recabar sus datos biométricos. Esos datos no pueden ser compartidos con nadie, aunque hay excepciones, como por ejemplo citaciones emitidas por agencias policiales.
En un comunicado, Meta Platforms Inc., con sede en Melo Park, California, calificó el pleito de “infundado”.
La compañía dijo en noviembre que cancelaría su programa de reconocimiento facial y que borraría todos los datos obtenidos.
Texas le pidió al tribunal aplicarle a Meta una multa de $25,000 por cada violación de la norma sobre consentimiento informado y $10,000 por cada infracción de la ley estatal contra prácticas comerciales engañosas.
El año pasado Meta, que entonces se llamaba Facebook, pagó $650 millones para poner fin a una demanda similar, sobre el uso de datos biométricos en Illinois.
