El Tribunal federal desestimó la demanda que radicaron los abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), contra la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) de Puerto Rico, los comisionados electorales y la presidenta alterna Jessika Padilla Rivera, así como el Gobierno de Puerto Rico, representado por el Procurador General, para que se reabra el registro electoral.
La jueza federal María Antongiorgi- Jordán indicó que la determinación corresponde por falta de jurisdicción. Mientras, las mociones son académicas.
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Los demandantes Marina Espíritu, Francisco Concepción Márquez, Dante Vélez Iriarte e Iris Delia Torres López solicitaron al tribunal una orden judicial que extienda el plazo de registro de votantes hasta el 6 de octubre de 2024, o sea, 30 días antes de las elecciones generales del 5 de noviembre de 2024.
“Los demandantes solicitan una sentencia declaratoria que establezca que la decisión de la Comisión de no extender la fecha límite de registro de votantes hasta el 6 de octubre de 2024, viola las Enmiendas Primera y Decimocuarta de la Constitución de los Estados Unidos. También se solicita una orden judicial que obligue a los demandados a implementar políticas que permitan a los ciudadanos registrarse hasta 30 días antes de la elección general del 5 de noviembre de 2024″, reza parte de la demanda presentada por la ACLU.
Además, procuran medidas preventivas para garantizar que los votantes puedan inscribirse sin enfrentar las barreras actuales, que incluyen problemas con el sistema electrónico de registro y la falta de personal en las Juntas de Inscripción Permanentes (JIPs).
De otra parte, solicitan que el gobierno de Puerto Rico asigne los recursos necesarios, tanto de personal como financieros, para asegurar el derecho al voto en las elecciones de noviembre.
Los demandantes argumentan que las políticas actuales de inscripción de votantes en Puerto Rico, implementadas bajo el Código Electoral de 2020, están impidiendo que miles de votantes elegibles se registren, lo que viola su derecho constitucional al voto protegido por la Primera y Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. La demanda resalta que el sistema electrónico de registro (eRE) ha sido defectuoso, rechazando solicitudes y generando un retraso en más de 81,000 registros pendientes de aprobación, lo que afecta de manera desproporcionada a los jóvenes y a los votantes que intentan reactivar su estatus electoral.
Asimismo, señalan que la decisión de la CEE de cerrar el registro electoral antes de lo establecido por ley es arbitraria y perjudica gravemente a los ciudadanos que desean ejercer su derecho al voto.
Marina Espíritu alega que no pudo reactivar su registro de votante debido a errores en el sistema electrónico (eRE) y a la falta de accesibilidad física, ya que usa bastón y no tiene automóvil para acudir en persona a las Juntas de Inscripción Permanente (JIP). La falta de organización y la reducción de JIPs afectaron su capacidad para reactivar su registro antes del plazo establecido .
En el caso de Francisco Concepción Márquez alega que Intentó cambiar su dirección en el sistema eRE pero su solicitud quedó incompleta, dejándolo como votante inactivo. Atribuye esto a la falta de organización de la CEE, los errores en el sistema y la reducción de JIPs, lo que impidió que pudiera completar su actualización antes del plazo.
Entretanto, Dante Vélez Iriarte alegó que intentó registrarse en el sistema electrónico (eRE) pero su solicitud fue rechazada debido a problemas con la fotografía y la documentación de residencia. Al intentar corregir el problema, el sistema no le permitió hacer cambios, lo que lo llevó a crear una nueva cuenta, que aún está pendiente de aprobación.
Finalmente, Iris Delia Torres López alegó que tuvo problemas para reactivar su registro debido a la dificultad de encontrar su número electoral y los largos tiempos de espera en las JIPs. Aunque pudo obtener ayuda de un comisionado, el sistema eRE tomó más de dos horas para cargar sus documentos y su registro aún no ha sido aprobado.
