Kelvin Pagán, quien se declaró culpable de robo contra un programa federal del Departamento de Educación, fue sentenciado este lunes a tres años de probatoria, al igual que el coacusado, Javier Santiago Rodríguez.
El exfuncionario era el director del Programa de Educación Técnica, un componente de la agencia gubernamental que era responsable de la administración de las instituciones públicas postsecundarias operadas bajo el Departamento.
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Según los acuerdos de declaración de culpabilidad, desde junio de 2019 y hasta agosto de 2021, Pagán junto a Santiago Rodríguez y Star Enterprises Inc. se ayudaron e instigaron entre sí, robaron, malversaron y obtuvieron mediante fraude $213,201.07.
Pagán vivía con Javier Santiago Rodríguez, el propietario y presidente de la demandada "Star Enterprises", una corporación con una dirección física registrada idéntica a la dirección residencial que compartían Pagán y Santiago Rodríguez.
En noviembre de 2017, Star Enterprises no renovó su certificado de elegibilidad para contratar con el Departamento de Educación de Puerto Rico u otras entidades gubernamentales locales. En diciembre de 2019, el Departamento de Estado de Puerto Rico canceló el certificado de constitución de Star Enterprises por incumplimiento de la Ley General de Corporaciones de Puerto Rico.
Para diciembre de 2019, Star Enterprises no podía obtener legalmente ningún contrato con el gobierno de Puerto Rico ni realizar negocios legalmente en la Isla. A pesar de no tener un certificado de elegibilidad válido ni un certificado de incorporación válido, Pagán autorizó pagos a Star Enterprises por un total de $213,210.07 por el trabajo que la empresa supuestamente realizó para el Departamento de Educación.
Además, en septiembre de 2020, Pagán utilizó una empresa intermediaria que era un contratista autorizado para canalizar $59,999 a Star Enterprises y Santiago Rodríguez por servicios que nunca se prestaron.
“Estos individuos abusaron de sus posiciones de confianza para beneficio personal, y con la acción de hoy, ahora serán responsables de engañar a aquellos a quienes prometieron servir: los estudiantes de Puerto Rico”, dijo Robert Wolfe, agente especial interino a cargo del Departamento de Educación de Estados Unidos. Oficina del Inspector General, Región Sureste. “La OIG continuará trabajando con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para perseguir agresivamente a quienes se apropian indebidamente de fondos educativos para sus propios fines egoístas. Los estudiantes y contribuyentes de Puerto Rico no merecen menos”, dijo el fiscal federal W. Stephen Muldrow en declaraciones escritas.
“En este caso, el funcionario público fue llamado principalmente a actuar en beneficio de los niños y en cambio actuó en beneficio de él y su pareja. No puedo enfatizar esto lo suficiente: ningún plan es invisible y el pueblo de Puerto Rico está cansado de soportar este comportamiento de quienes se supone deben servirles”, dijo Joseph González, agente especial a cargo del FBI en San Juan. Oficina de campo.
Los acusados serán sentenciados el 22 de mayo a las 10:00 a.m. y enfrentan una pena máxima de 10 años de prisión, una multa de $250,000 y una pena de libertad supervisada de tres años.
