El secretario del Departamento de Salud (DS), Carlos Mellado López, anunció este sábado la implementación del programa “Puerto Rico Background Check” en cumplimiento con la Ley 300 que obliga a proveedores y profesionales de la salud a obtener una certificación de historial delictivo y credenciales.
La certificación es solicitada a través del internet.
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El programa se enlaza al Departamento de Justicia (DJ) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), con la finalidad de llevar a cabo la verificación sobre el historial delictivo y las credenciales de profesionales de la salud, proveedores de servicio y personas asociadas al cuido de personas. Desde el 1989 la gestión se realizaba mediante el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), sin embargo, a partir del mes de mayo del 2021 se estableció la responsabilidad en el DS para emitir la certificación.
“Buscamos nuevas herramientas tecnológicas que nos ayuden a agilizar los procesos, sobre todo, en aquellos que brindan servicios de atención médica. Al mismo tiempo tenemos la responsabilidad de proteger las poblaciones más vulnerables que se encuentran recibiendo cuidado directo y evitar que se contraten trabajadores o proveedores que representen un riesgo para el paciente”, indicó Mellado López.
Mediante “Background Check” se obtendrá información que ayude a prever el maltrato, la negligencia, apropiación ilegal, abuso físico, psicológico o sexual. Al igual que otros abusos en contra de niños, personas de edad avanzada y personas con impedimentos tanto en sus hogares como en centros de cuidado, centros de servicios médicos y hospitales. Como parte del proceso, el programa analizará la información y emitirá una certificación basada en los resultados obtenidos de las huellas dactilares enviadas al FBI y de la búsqueda local del sistema del DJ.
Puerto Rico
Por su parte la directora del programa, Lourdes Borrés Otero, expresó que, “es una herramienta para garantizar la calidad de los recursos humanos, evitar casos de abusos, negligencia y explotación financiera, reducir los costos administrativos de proveedores a consecuencia de demandas, disminuir la posibilidad de que las personas encargadas puedan poner en riesgo la seguridad física y mental de sus pacientes y sobre todo cumplir con la ley vigente”.
