En el año 2015 se aprobó en Puerto Rico la "crudita”, una ley que aumentó el impuesto sobre el barril del petróleo, y provocó el aumento desde $9.25 hasta $15.50 en el precio de la gasolina.
Dicha medida, firmada por el gobernador en ese entonces, Alejandro García Padilla, fue implementada con el propósito de obtener $185 millones anuales para brindarle liquidez al Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y pagar la deuda de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).
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Tras su rechazo desde el inicio, debido al impacto que tuvo en el bolsillo de los consumidores, actualmente el Senado aprobó el Proyecto 776, que propone eliminar el arbitrio al petróleo. No obstante, se espera que la medida pase a la consideración de la Cámara de Representantes y, de ser aprobada por el cuerpo legislativo, pasaría a manos del gobernador, Pedro Pierluisi para ser firmada.
Según explicó en Hoy Día Puerto Rico el presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, Ramón Erazo, la eliminación de la misma resultaría en una baja de 13.8 centavos el litro de gasolina.
“Estamos hablando de $5,200 menos en un camión de gasolina de 10,000 galones. Ahora mismo un camión de gasolina está en los $38,000. Quiere decir que ese camión, costaría $33,000. Así se refleja la rebaja”, explicó.
Por otra parte, la aprobación se da en momentos en que el gobernador anunció un acuerdo de Alianza Público-Privada (APP) entre la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y Abertis por un término de 40 años.
Esta concesión contempla un pago inicial de $2,850 millones a la ACT que le permitirá cubrir el pago de su deuda y una inversión de capital privado de sobre $2,370 millones de para modernizar y mejorar la infraestructura, calidad y seguridad de las carreteras de peaje en la Isla.
