El costo podría duplicarse debido a las nuevas guías federales.
A partir de este mes, cientos de residentes de vivienda pública en la isla podrían ver duplicado el costo de su renta, debido a nuevas guías federales que no toman en cuenta la realidad económica de Puerto Rico. En Barranquitas, una comunidad de adultos mayores ya recibió las cartas que confirman el impacto.
Desde abril de este año, cientos —y posiblemente miles— de residentes de residenciales públicos en Puerto Rico enfrentarán aumentos significativos en el costo de sus viviendas. Esto ocurre tras la implementación de nuevas guías del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD), las cuales actualizan los límites de ingreso familiar y las llamadas rentas del mercado justo (Fair Market Rents).
Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.
Las nuevas directrices, basadas en el alza de salarios a nivel nacional, establecen un aumento promedio del 8% en el Ingreso Mediano del Área (AMI). Aunque no reflejan con precisión la realidad socioeconómica de Puerto Rico, se aplicarán en la isla.
En municipios como Barranquitas, por ejemplo, una familia de dos personas que genere más de $27,600 anuales ya no se considera de bajos ingresos y podría estar obligada a pagar una renta ajustada al mercado. Esto implica que si el ingreso combinado del hogar supera esa cifra, la renta actual podría duplicarse o incluso triplicarse.
Rayos X documentó el caso de un matrimonio de adultos mayores que, tras 42 años pagando $350 mensuales, ahora tendrá que pagar más de $700. Ambos dependen exclusivamente del Seguro Social.
El aumento ha generado preocupación y angustia, particularmente en comunidades como el Reparto San Antonio en Barranquitas. Allí, un grupo de residentes —en su mayoría adultos mayores— ha vivido durante más de cuatro décadas en viviendas públicas, pagando su renta sin fallas y cuidando de la comunidad. Desde hace años, han solicitado al gobierno que les permita comprar sus hogares para obtener el título de propiedad, sin recibir respuesta.
El año pasado, muchos de ellos recibieron una carta de la administración notificando el alza, sin ofrecer una solución clara. Estos residentes le hicieron un llamado urgente a la gobernadora Jenniffer González para que atienda su reclamo y honre la propuesta que han presentado reiteradamente: que se les vendan las propiedades que han llamado hogar durante toda una vida.
La preocupación no se limita a Barranquitas. Expertos advierten que lo ocurrido allí podría ser solo el comienzo de una situación que afecte a otras comunidades de vivienda pública en toda la isla a partir de este verano.
