El gobernador Pedro Pierluisi, firmó este lunes el Proyecto del Senado 1400, que da paso al aumento salarial a los jueces, fiscales, procuradores de menores y de familia, así como los registradores de la propiedad.
“Los aumentos salariales que contempla este proyecto son una muestra de nuestro compromiso con la justicia y un reconocimiento al profesionalismo y dedicación de quienes protegen los principios democráticos de nuestra sociedad. Así lo hemos estado haciendo en todo el gobierno, pues sabemos que una remuneración justa es un factor clave para atraer y retener al mejor talento, garantizando así que nuestros ciudadanos reciban el mejor servicio. En nuestro sistema de justicia, los jueces, fiscales y procuradores desempeñan un rol fundamental para promover la ley y el orden, la justicia y la equidad en toda nuestra sociedad. Por eso, reconocer y valorar su trabajo es justo y también esencial para asegurar la excelencia y la integridad de nuestro sistema judicial”, sostuvo el gobernador al estampar su firma en la medida.
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El primer ejecutivo también dio paso al Proyecto del Senado 658 para enmendar la “Ley de la Junta Examinadora de Peritos Electricistas”, con el propósito de aumentar el periodo de gracia de 30 a 120 días para presentar una solicitud de renovación de la licencia de ayudante de perito electricista ya vencida. De hecho, como medida transitoria, se establece que cualquier solicitante cuya licencia de ayudante de perito electricista venció a partir de marzo de 2020 podrá solicitar su renovación durante un término de 60 días desde la vigencia de esta Ley.
Finalmente, Pierluisi firmó el Proyecto de la Cámara 2131, para enmendar el Artículo 4 de la Ley Núm. 51-2022, a los fines de aclarar que la prohibición de la práctica de entregar o utilizar plásticos de un solo uso dentro de los límites en la Isla no aplicará a farmacias, laboratorios, hospitales y cualquier otra institución y entidades, tanto públicas como privadas que, debido a legislación o reglamentación del gobierno federal o del gobierno de Puerto Rico se restringe, condiciona o prohíbe el uso de materiales no plásticos y el reúso de productos plásticos en prácticas y actividades salubres específicas.
