El candidato a la alcaldía de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y la Alianza de País, Manuel Natal Albelo, anunció este miércoles que se completó el envío de referidos que está llevando a cabo la colectividad para solicitar a las autoridades pertinentes que investiguen con carácter de urgencia el aparente fraude electoral y cibernético cometido por Miguel Romero y su equipo de campaña en una residencia para adultos mayores en Miramar.
“Miguel Romero y su equipo de campaña han violentado los derechos de nuestros envejecientes y tenemos que salir en su defensa para evitar que situaciones como esta continúen ocurriendo, especialmente cuando se trata de una población tan vulnerable. A 56 días de las elecciones, urge que se tomen medidas para corregir cualquier acción del Partido Nuevo Progresista (PNP) para continuar minando la credibilidad y confianza del pueblo en los procesos electorales”, afirmó Natal Albelo.
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La noche del martes, la Comisionada Electoral del MVC, Lillian Aponte Dones, envió una solicitud de investigación a la Comisión de Derechos Civiles, ante la aparente violación de los derechos civiles y electorales de personas de la tercera edad. Durante los pasados días, se ha hecho la petición a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), la Procuraduría de Personas de Edad Avanzada y el Departamento de Justicia.
“También requerimos que la Comisión recomiende a CEE que prohíba este tipo de prácticas a los partidos políticos y que se cree un grupo de observadores del proceso de voto adelantado en los asilos y centro de larga duración para garantizar que este se realice de forma voluntaria, secreta y libre de cualquier influencia indebida”, sostuvo Aponte Dones.
A finales de la semana pasada, el candidato a alcalde de San Juan, acompañado por la comisionada y las candidaturas al Senado y la Cámara en la Ciudad Capital, denunció que miembros del equipo de campaña de Romero tuvieron acceso a una residencia de adultos mayores en Miramar.
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Durante su visita, estuvieron llenando un formulario titulado “Inscripción para votar por Miguel Romero”, donde recogían información confidencial de los envejecientes, incluyendo su cuenta de correo electrónico, contraseña del sistema eRE y los últimos cuatro dígitos del seguro social. Uno de los funcionarios que dirigía esta gestión es Francisco Cabello Domínguez, quien fue desaforado de la profesión de abogado en Puerto Rico tras ser encontrado culpable de múltiples delitos de fraude, incluyendo la falsificación de documentos.
El arquitecto y planificador Pedro Cardona Roig, candidato a Representante por el Precinto 1 de San Juan,
llegó hasta el centro para investigar la situación. La administración del lugar detuvo el proceso y recogió
los formularios.