Durante una reunión extraordinaria celebrada el viernes, los representantes estudiantiles y claustrales en la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) rechazaron la nueva versión del Plan Fiscal de la institución para el año fiscal 2020.
Según la institución, dicho plan contemplaba eliminar los aumentos en los costos de matrícula y cuotas, detener las reducciones de presupuesto por los próximos dos años, y asignar una partida adicional de $54.6 millones del gobierno central a la Universidad para subsanar el impacto provocado por la pandemia de COVID-19.
Con el voto en contra de Jorge Rivera Velázquez, Josué Rodríguez Cintrón, doctor Alan R. Rodríguez Pérez, doctora Mayra Olavarría Cruz y el ingeniero Emilio Colón Beltrán, también quedó denegado el incremento del tres por ciento anual en la nómina del personal docente, un aumento de $630 anuales para los empleados no docentes y una asignación de $20 millones a fines de implementar el Plan de Clasificación y Retribución del personal no docente, entre otras medidas.
“Es muy lamentable que los cinco miembros de la Junta de Gobierno que votaron en contra de este Plan Fiscal rechazaron medidas muy favorables para toda la comunidad universitaria, que se incluyeron con el propósito de aliviar el impacto económico del COVID-19”, expresó el presidente del ente rector de la UPR, Lcdo. Walter O. Alomar Jiménez, quien consignó su voto a favor.
El Plan, que debió enviarse ayer a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), dejaba sin efecto los aumentos en los costos de matrícula para estudiantes subgraduados y graduados durante los años fiscales 2020 y 2021, incluyendo a las escuelas laboratorio del Recinto de Río Piedras. Además, mantenía las apropiaciones del gobierno central en $501 millones, conforme al presente año fiscal.
De igual forma, el documento contenía la creación de un fondo de ayudas económicas de $40.3 millones para el año fiscal 2020, además del nuevo fondo de becas proveniente del presupuesto del gobierno central que ascenderá a más de $200 millones en cinco años. Se mantenían las nuevas políticas de ayuda estudiantil, programas para estudiantes graduados y las exenciones para veteranos y representantes estudiantiles.
Además, se consignaban las nuevas asignaciones y transferencias del gobierno central a la universidad. Se propuso el nuevo Plan de Mejoras Permanentes para el sistema universitario, que sería financiado por una asignación del gobierno central de $145 millones distribuidos en 5 años. A partir del año fiscal 2021, la UPR recibiría $20 millones sin restricciones para programas de capacitación a servidores públicos.
Con relación al Sistema de Retiro de la UPR, se incluían aportaciones patronales de $160 millones para el año fiscal 2020 y entre $142 a $146 millones en los próximos cinco años, según recomendado por estudios actuariales. Esto representa un aumento de $22 millones para el plan de retiro en comparación al Plan Fiscal Revisado el inicial.
También quedó sobre la mesa la propuesta para transformar el Sistema de Retiro.
El licenciado Alomar Jiménez explicó que “aunque el Comité de Asuntos del Sistema de Retiro de la Junta de Gobierno recomendó las medidas propuestas para asegurar la solvencia del sistema de pensiones, durante la reunión establecimos claramente que solo se incluirían de manera informativa y que no estarían siendo sometidas a votación en pleno; aún así lo rechazaron”.
El plan contaba con la recomendación del Comité de Asuntos Financieros de la Junta de Gobierno.
“Con esta actuación, la UPR incumple con la entrega de su Plan Fiscal Revisado y queda a merced de que la Junta de Supervisión Fiscal apruebe su plan para la Universidad, que pudiera incluir aumentos de matrículas y cuotas, medidas más severas, distintas a las establecidas en este plan”, puntualizó el presidente de la Junta de Gobierno.
Las asignaciones del gobierno central a la Universidad se han reducido por $333 millones o un 40%. Para mitigar la reducción del presupuesto, la Universidad ha implementado controles fiscales y medidas para generar ingresos. Desde el año fiscal 2019, la Universidad ha iniciado la ejecución de medidas que para el año fiscal 2025 tendrán un impacto total de $1,500 millones, cumpliendo con el 88% del objetivo del Plan Fiscal Revisado.
