El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli, anunció este martes que el gobierno demandará a 30 convictos por corrupción, con la intención de recobrar los millones en fondos públicos que se habrían perdido, más alegados daños.
En total, Justicia pretende recibir $30 millones.
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"Le hemos caído encima al órgano que más le duele al corrupto: el bolsillo", dijo Emanuelli, quien reconoció, sin embargo, que algunos podrían "escaparse" del pago, al declararse indigentes.
Entre los primeros demandados por el Departamento de Justicia figuran los exalcaldes Ángel Pérez Otero, Luis Arroyo Chiqués, Félix Delgado Montalvo, José Luis Cruz Cruz, Abel Nazario Quiñones, Javier García Pérez, Eduardo Cintrón Suárez y Reynaldo Vargas Rodríguez. También se encuentran los exlegisladores María Milagros Charbonier, Nelson Del Valle Colón y Nestor A. Alonso Vega.
De igual forma, la lista incluye como codemandados a Oscar Santamaría, Orlando Montes Rivera, Frances M. Acevedo Ceballos, Javier Benítez Cardona, Edwin Torres Gutiérrez, Claribel Rodríguez Canchani, Humberto Oscar Pagán Sánchez, Kelvin Ortiz Vergara, Ramón Enrique Martes Negrón, Juan Rosario Núñez, Erick Rondón Rodríguez, Eugenio García Jiménez, Stephen Kirkland, Alejandro José Riera Ferrnández, Joseph Kirkland, Arnaldo Jerónimo Irizarry Irizarry, Roberto Mejil Tellado, Raymond Rodríguez Santos y Mario Villegas Vargas. Además, se incluyeron las corporaciones J. R. Asphalt, Inc. y Waste Collection Corp.
“Vamos a recuperar el dinero del pueblo puertorriqueño y a reclamarles una cuantía que suma tres veces el daño causado por parte de quienes se han apropiado ilegalmente de los fondos públicos. El Código Anticorrupción nos permite reclamar, mediante demandas civiles en la jurisdicción estatal, el dinero público malversado o apropiado ilegalmente, ya sea por parte de funcionarios o personas del sector privado que le han fallado a Puerto Rico. La indemnización monetaria es equivalente al triple del daño económico ocasionado al Gobierno de Puerto Rico mediante actos de corrupción”, expresó el secretario de Justicia.
A los fines de asegurar el pago de las sentencias, el Código Anticorrupción establece que el Estado podrá solicitar al tribunal cualquier orden provisional que sea necesaria. “El tribunal podrá conceder cualesquiera de los remedios provisionales dispuestos en las Reglas de Procedimiento Civil incluyendo sin que se entienda como una limitación el embargo, el embargo de fondos en posesión de tercero y la prohibición de enajenar”, lee el estatuto.
“Con esta acción enviamos un mensaje claro y contundente de que la corrupción tiene consecuencias severas en Puerto Rico. Esperamos que sea un disuasivo el tener que devolver con creces lo que le han robado al pueblo que depositó su confianza en muchos de ellos. Cuando lo comiencen a sentir en sus propios bolsillos y tengan que pagar con su patrimonio, lo pensarán mil veces antes de tocar el dinero que les pertenece a los ciudadanos, a quienes les fallaron”, destacó el titular de Justicia.
“La corrupción es un mal que afecta al mundo entero y tiene efectos adversos en los servicios que deben recibir los ciudadanos, especialmente las poblaciones más vulnerables. Tenemos que combatirlo en todos los niveles con unidad de esfuerzos. Esta acción del Departamento de Justicia de Puerto Rico es conforme a la política pública del gobernador, Pedro Pierluisi, para atajar la corrupción, como parte del plan de seguridad y la política anticorrupción de esta administración”, añadió el secretario.
