Junte Multisectorial advierte a la jueza Swain que el impacto sería nefasto.
Más de 55 organizaciones religiosas, comerciales, profesionales, sindicales, ambientales, industriales, educativas, comunitarias, culturales y de trabajadores y pensionados solicitaron el martes a la jueza Laura Taylor Swain que no de paso a aumentos a la luz exigidos por los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
La carta también fue enviada a los miembros de la Junta de Control Fiscal.
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“Muchas de nuestras organizaciones, junto a casi 800 individuos, hemos presentado objeciones al propuesto Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) de la AEE porque impondrá un cargo insostenible en la economía y al sistema eléctrico de nuestro archipiélago. Estamos seriamente preocupados que los bonistas de la AEE, animados por el fallo reciente del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, están insistiendo en recibir un pago aún mayor”, dijo Ramón “Monchito” Ortiz, presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, en declaraciones escritas.
“Para nosotros, estos aumentos a la luz representan un costo adicional de miles de dólares al año que tendríamos que pasar a nuestros clientes”, añadió.
La carta subraya que los aumentos solicitados por los bonistas serían perjudiciales para la economía y el sistema eléctrico de Puerto Rico. La reverenda Lizette Gabriel Montalvo, obispa de la Iglesia Metodista, señaló que “los reclamos de los bonistas no pueden ir por encima de las necesidades de nuestro pueblo. Nuestro sistema eléctrico está en una condición inaceptable, provocando apagones frecuentes, lo que pone en riesgo la salud y el bienestar de la población”.
Los miembros de las organizaciones recordaron que el miércoles, 10 de julio, la jueza Swain celebrará una vista judicial para escuchar las interpretaciones de las partes sobre el fallo emitido por el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston el mes pasado.
La licenciada Marimar Perez-Riera, presidenta de la Asociación de Titulares de Condominios, indicó que el sistema eléctrico necesita mantenimiento y una inversión significativa.
“Desviar miles de millones de dólares para pagarle a los bonistas perpetúa un sistema eléctrico disfuncional”, afirmó. “Particularmente para los miles de puertorriqueños viviendo en condominios, somos rehenes de un sistema eléctrico cada vez más costoso e ineficiente", añadió.
Linda Ayala, presidenta de la Asociación de Farmacias de Comunidad, recalcó que “las tarifas más altas que los bonistas quieren imponer para pagar la deuda, sumado a un servicio pésimo, redundará en cierres de negocios, despidos y migración fuera de Puerto Rico, socavando el futuro de nuestra isla. Nuestro sector de salud depende en energía confiable para poder brindar servicios al pueblo".
La carta urge a la jueza asegurar que este caso de quiebra realmente resulte en un comienzo nuevo para Puerto Rico y su sistema eléctrico.
Las organizaciones firmantes incluyen la Asociación de Administradores de Condominios de Puerto Rico, Asociación de Detallistas de Gasolina de Puerto Rico, Asociación de Economistas de Puerto Rico, Asociación de Educación Privada de Puerto Rico, Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, y la Federación de Maestros de Puerto Rico, entre otras.
