El Junte Multisectorial, que comprende sectores religiosos, comerciales, industriales, profesionales de salud, sindicatos, ambientalistas, comunidades, instituciones educativas, culturales, trabajadores, pensionados, entre otros remitieron una carta al gobernador Pedro Pierluisi expresando sus serias preocupaciones con el reciente Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y solicitando una reunión.
La carta, firmada por más de 60 organizaciones, solicita al gobernador encontrar los fondos para garantizar las pensiones actuales y futuras de la AEE, minimizando el impacto en la tarifa de luz, e insistir en que cualquier acuerdo de reestructuración permita llegar a un sistema confiable y asequible, tanto para clientes residenciales como comerciales e industriales, antes de que se pague la deuda no asegurada de los bonistas heredados de la AEE.
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"Nos preocupa que el nuevo PAD continúa poniendo como prioridad el pago de una deuda no asegurada, por encima de las necesidades del sistema eléctrico, el pago de las pensiones actuales y futuras de la AEE y nuestro desarrollo económico,” explicó la Rev. Dra. Lizzette Gabriel Montalvo, Obispa de la Iglesia Metodista de Puerto Rico. “Se publicó este PAD en un momento donde nuestro país sufre de un servicio eléctrico deficiente, con apagones y fluctuaciones de voltaje frecuentes y una tarifa alta y volátil”, añadió.
El más reciente Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE, publicado por la Junta de Supervisión Fiscal el 25 de agosto, propone emitir $2.3 mil millones en nuevos bonos para el pago a los bonistas de la AEE. Contempla también, cientos de millones de dólares de pagos en efectivo, incluyendo hasta $400 millones para el pago de honorarios relacionados con el caso de quiebra de la AEE y cientos de millones a algunos de los bonistas de la AEE.
“La Junta propone pagar a los bonistas el dinero que necesitamos para el pago de pensiones y para la rehabilitación de nuestro sistema eléctrico. Todo para pagar una deuda no asegurada, que en una quiebra queda eliminada cuando no hay capacidad de pago", enfatizó la obispa.
Según Johnny Rodríguez, presidente de la Asociación de Jubilados de la AEE, “esta propuesta de la Junta llega en un momento en que los 12,000 jubilados de la AEE y nuestras familias vivimos en la incertidumbre de no saber el futuro de nuestra principal fuente de ingresos, dado que el Sistema de Retiro se quedó insolvente en abril de este año. Somos miles de hombres y mujeres que vivimos día a día esperando que el cheque de nuestro derecho adquirido y ganado a una pensión se deposite. Es hora de que el gobierno actúe para darle prioridad y seguridad a todas esas familias garantizando el pago de nuestras pensiones actuales y futuras, y desde nuestras organizaciones hemos propuestos maneras para que se haga minimizando el impacto en la tarifa. Al día de hoy la Junta se sigue reuniendo con los bonistas y no con los representantes de los pensionados.”
Yandia Pérez, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industriales precisó que las industrias y negocios no aguantan los aumentos en sus tarifas propuestos bajo el nuevo PAD, ya que atentan contra la industria existente y el potencial de atraer nueva industria a nuestra Isla, resultando en menos empleos para el pueblo y la posible merma considerable en el PNB de Puerto Rico.
El presidente electo de la Asociación de Detallistas de Gasolina, Monchito Ortiz Erazo especificó que, “los nuevos aumentos que propone la Junta podrían representar un costo anual para una gasolinera de $5,000 o más, sumando a $175,000 durante 35 años. Esto no es viable y va a tener un impacto nefasto en la economía de la isla provocando aumentos también en el precio de gasolina. Por eso, nos unimos a este esfuerzo para que el gobernador intervenga en defensa del desarrollo económico del país, el futuro de nuestro sistema eléctrico y las pensiones actuales y futuras de la AEE.”
La carta enfatiza la necesidad de priorizar y garantizar los recursos capitales y operacionales para que Puerto Rico logre un sistema eléctrico estable, confiable y resiliente que cumpla con la Ley 17-2019. Esto incluye una reducción en el nivel de deuda suficiente para alcanzar tarifas asequibles y competitivas por debajo de 20 centavos por kWh conforme a los mandatos de ley. La propuesta más reciente de la Junta todavía no cumple con estos objetivos.
