La Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público advirtió en un informe publicado el miércoles que la Junta de Control Fiscal (JCF) podría permanecer en Puerto Rico hasta el 2030 o más, a pesar de la inminente conclusión del proceso judicial de quiebra.
“Nuestra conclusión es que la Junta no se irá voluntariamente en los próximos seis años, aunque el proceso judicial esté por completarse”, explicó en declaraciones escritas Eva Prados Rodríguez, directora ejecutiva de la Comisión, y señaló que las interpretaciones sobre los requisitos de la Ley PROMESA para la salida de la Junta apenas comienzan a discutirse.
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El informe también destaca que, aun cuando la Junta cese sus funciones, las políticas y propuestas implementadas permanecerán, limitando los fondos disponibles para servicios esenciales y perpetuando costos elevados como el IVU, aumentos en electricidad y peajes. “Los planes de ajuste confirmados por el Tribunal Federal crean un marco jurídico que impactará al país por décadas”, añadió José Rivera Santana, portavoz de la Comisión.
La Comisión insistió en la necesidad de un plan de desarrollo económico que genere ingresos sostenibles para enfrentar las medidas de austeridad, aún en la ausencia de la Junta. Asimismo, destacó que el régimen prolongado de la JCF es perjudicial para la calidad de vida del pueblo y el futuro político de Puerto Rico.
