El Gobierno mantiene elevados gastos en alquiler de propiedades privadas para ubicar agencias públicas, mientras numerosos edificios de propiedad estatal permanecen vacíos.
Según una investigación de Rayos X, actualmente, existen más de 500 contratos de arrendamiento en vigor, siendo el del Departamento de Educación el más costoso, con un pago mensual de $512,000. Esto ocurre a pesar de que el Departamento tiene decenas de escuelas vacías debido a la disminución de matrícula.
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Otra agencia con altos costos de alquiler es el Departamento de Justicia, que desembolsa más de $200,000 mensuales por su sede actual. Estos pagos contrastan fuertemente con una ley aprobada hace 10 años, que exige a las agencias revisar el inventario de propiedades públicas antes de optar por el alquiler de espacios privados.
Sin embargo, los directores de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y de la Administración de Edificios Públicos (AEP) han admitido que el Gobierno no mantiene actualizado el inventario de sus propiedades, lo que dificulta el cumplimiento de la ley. Esta falta de organización ha llevado a decisiones controvertidas, como la compra en 2015 de un edificio por $35 millones para trasladar al Departamento de Justicia, una mudanza que nunca se concretó.
En lugar de utilizar la instalación adquirida, que ahora es ocupada por la Junta de Control Fiscal y el Tribunal Apelativo de Puerto Rico, el Departamento de Justicia se vio obligado a mudarse a su sede actual tras los daños ocasionados por el huracán María, sumando así más gastos a las arcas públicas.
