El secretario de la Gobernación y director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Francisco Domenech, catalogó de "inaceptable" que la Junta de Supervisión Fiscal presuntamente no consultara con el Gobierno la certificación de Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
“El Gobierno está revisando el Plan Fiscal Certificado final de la Autoridad de Energía Eléctrica, toda vez que la JSF no compartió el documento en ningún momento con el Gobierno antes de su certificación y previo a su publicación, no empecé a las múltiples solicitudes hechas al director ejecutivo de la entidad para que lo compartiera. Para la Administración de Jenniffer González Colón esta falta de comunicación por parte de la JSF es totalmente inaceptable", sostuvo en declaraciones escritas.
Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.
Como resultado, el Gobierno de Puerto Rico (AAFAF, Zar de la Energía, AEE) está analizando el Plan Fiscal Certificado y las proyecciones financieras para saber si la información provista por el operador es correcta y los resultados esperados son reales de cumplir.
"Si bien el Plan Fiscal Certificado deja en claro las crudas realidades que enfrentan la AEE y el sistema energético de Puerto Rico, no tomó en consideración las nuevas políticas energéticas de la Administración de la gobernadora González Colón, las cuales permitirán darle una red eléctrica más eficiente y estable al pueblo de Puerto Rico, reduciendo el gasto en el combustible, entre otras eficiencias”, aseguró Domenech.
Por su parte, el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, dijo en un conversatorio con periodistas, que en el nuevo PAD enmendado de la AEE van a insistir en solo pagarle a los acreedores $2,600 millones, pero no se hará a través cargos o ajustes en la factura.
Otras noticias:
Mujica mencionó que trabajará junto con el gobierno de Puerto Rico para buscar alternativas de fondos.
El funcionario sostuvo además que la tarifa (que no se revisa desde el 2017) no genera suficientes ingresos para los costos de operación y mantenimiento del sistema eléctrico.
Destacó que no cree posible que el gobierno pueda comprometerse a pagar más de $2,600 millones. Mientras, los acreedores quieren que se pague $8,500 millones.
