El exalcalde de Guayama, Eduardo Cintrón Suárez, deberá comparecer este lunes ante el Tribunal Federal, tras haberse declarado culpable el pasado viernes por corrupción pública.
Cintrón fue acusado de recibir "kickbacks" a cambio de otorgar contratos a una compañía de asfalto. Según la acusación, recibía un dólar por cada pie cuadrado que asfaltaba la empresa. Habría recibido más de $40,000 en sobornos.
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En declaraciones escritas a través de su página de Facebook, Cintrón Suárez pidió perdón al pueblo de Guayama y dijo que "quisiera darle para atrás al tiempo y no haber hecho nada impropio, pero sé que es imposible".
A continuación sus expresiones:
La fiscalía federal recomienda 46 meses de cárcel.
A Cintrón le impusieron una fianza de $10 mil, quedando en libertad hasta la vista de sentencia. Cintrón había estado al mando desde el 2013, al declararse culpable, pierde su derecho a ser un funcionario electo.
El pasado martes, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) emitió una resolución en la que hicieron constar el archivo del caso contra el alcalde de Guayama, y la Directora de Finanzas municipal, Lilliam Rodriguez López, por supuestas actuaciones ilegales.
El caso se originó con una querella anónima sometida al Departamento de Justicia, que adujo violaciones de ley relacionadas con el otorgamiento de un contrato a una compañía privada para el recogido y disposición de desperdicios sólidos sin que se realizara una subasta y sin el referido correspondiente a la Legislatura Municipal.
Mientras, el 18 de marzo, el funcionario acudió a las redes sociales para desmentir rumores sobre su posible renuncia.
"Desde temprano en la mañana, ha circulado en las redes y otros medios un rumor de que he renunciado como Alcalde de Guayama. Debo informar que dichos rumores, son falsos. Durante el día de hoy me he encontrado atendiendo los asuntos de mis funciones de Alcalde, como de costumbre. Buen fin de semana", publicó en Facebook en ese momento.
REACCIONA EL PRESIDENTE DEL SENADO
“Todos los líderes del PPD, sean alcaldes o legisladores,o ex funcionarios públicos que estén implicados en actos de corrupción y hayan sido acusados por las autoridades locales o federales deben renunciar inmediatamente a sus posiciones políticas y a los cargos públicos que ostentan. El PPD debe continuar siendo la Columna moral de Puerto Rico y mientras yo presida esa institución aplicaré todas las disposiciones reglamentarias que sean necesarias”, expresó José Luis Dalmau.
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