La secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar Pabón, anunció este viernes el despido de ocho empleados tras concluir la investigación administrativa sobre su vinculación con el caso del recluso Hermes Ávila Vázquez.
“Luego de revisar detenidamente la investigación realizada por la Oficina de Investigaciones del Sistema Correccional y las resoluciones de la Oficial Examinadora, hemos determinado destituir a los ocho empleados por negligencia en el cumplimiento del deber, según dispone el Manual para la Aplicación de Medidas Correctivas y Disciplinarias a los empleados del DCR”, afirmó Escobar Pabón en declaraciones escritas.
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El proceso administrativo comenzó el 5 de septiembre de 2024 y concluyó el 27 del mismo mes. Tras la evaluación por la Oficial Examinadora, la Oficina de Disciplina de Empleados del DCR y la Oficina de Asuntos Legales remitieron los expedientes a la autoridad nominadora para la determinación final, que culminó en la destitución de los empleados.
La funcionaria subrayó que los empleados afectados tienen derecho a apelar la decisión ante la Comisión Apelativa del Servicio Público. Además, Escobar solicitó a Physician Correctional suspender a cinco médicos involucrados en el caso hasta que la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto Rico finalice su investigación.
A esto el presidente de Physician Correctional, doctor Raúl Villalobos dijo que no cumplirá con la solicitud de la secretaria de Corrección. “No está claro el motivo de esta solicitud, especialmente cuando investigaciones del Departamento de Justicia, el Senado y otras entidades no han imputado delitos ni faltas éticas a estos profesionales”, expresó Villalobos en declaraciones escritas.
Villalobos también cuestionó la validez de la auditoría realizada por UTICORP, presuntamente utilizada como base para la solicitud. “Esta auditoría ha sido cuestionada públicamente por haber sido realizada por médicos sin licencia y por basarse en una muestra limitada de casos”, añadió.
La empresa sostuvo que los médicos señalados están debidamente licenciados, cuentan con experiencia profesional de más de 15 años y no tienen antecedentes de demandas ni casos ante la Oficina del Procurador del Paciente u otras entidades regulatorias.
