La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) reveló este miércoles que el Negociado de Seguridad de Empleo del Departamento del Trabajo desembolsó más de $12 millones en fondos PUA a beneficiarios que utilizaron números de seguro social de personas fallecidas.
El informe señala que se pagaron $12,731,035 a 1,039 beneficiarios sin que se validara su identidad o ingresos. “Estas situaciones dan lugar a esquemas de fraude y a emitir pagos a quien no cumpla los requisitos”, informó la Contralora Yesmín Valdivieso en declaraciones escritas.
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Además, se detectó que el Departamento del Trabajo no había designado personal independiente para manejar las funciones de los Oficiales Pagadores Especiales, lo que facilita errores en los pagos. Esta situación ya había sido señalada en un informe anterior.
La auditoría también señaló retrasos en la entrega de información y documentos solicitados, lo que obstaculizó el proceso de la auditoría y llevó a la recomendación de tomar medidas para evitar la obstrucción de futuras investigaciones.
