Se unió a demanda contra fabricante de “vapes” por mercadear su producto a menores.
El secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico, Domingo Emanuelli Hernández, anunció este miércoles una transacción legal mediante la cual la Isla recibirá sobre $7 millones para contrarrestar los efectos del uso ilegal de los cigarrillos electrónicos o vapeo entre menores de edad.
A través de la Oficina de Asuntos Monopolísticos (OAM) del Departamento de Justicia, el Gobierno de Puerto Rico se unió a 34 estados y territorios de Estados Unidos en una investigación contra JUUL Labs, Inc., principal fabricante de cigarrillos electrónicos, señalado por sus prácticas de mercadeo ilegales y engañosas para fomentar el vapeo entre jóvenes y niños.
Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.
“Como resultado de la investigación, presentamos una demanda por consentimiento en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, mediante la cual exigimos el cese y desista de las prácticas ilegales y engañosas ejecutadas por la empresa JUUL dirigidas a menores de edad. Tras meses de negociación, logramos un acuerdo de transacción mediante el cual estipulamos que la empresa detendrá sus prácticas ilegales y cumplirá con el pago de una compensación económica por una cantidad que supera los $7.5 millones, a los fines de contrarrestar los efectos del uso ilegal de los cigarrillos electrónicos, desarrollar medidas de prevención y educación sobre el impacto de esta práctica y ofrecer tratamiento a las poblaciones afectadas”, detalló el secretario de Justicia en un comunicado de prensa.
Entre los hallazgos, se descubrió que JUUL, con conocimiento de su ilegalidad, utilizó campañas publicitarias para atraer a millones de menores de edad para que adquirieran sus productos de vapeo. Además, alteraron la composición química para que resultaran más atractivos a los jóvenes y engañaron a los consumidores en cuanto al contenido de nicotina y la adicción que provocan los cigarrillos electrónicos.
La compañía dirigía sus estrategias a los menores a través de fiestas de lanzamiento en las que distribuía muestras gratuitas, así como anuncios y publicaciones en redes sociales, utilizando figuras de moda entre la juventud. La empresa confiaba en la inefectividad de las medidas de verificación de la edad previo al consumo.
“Mediante esta acción protegemos a una población vulnerable de prácticas engañosas de una compañía que, por afán de lucro, no le importó dañar a gran parte de nuestros jóvenes y niños, prácticamente condenándolos a la adicción a la nicotina. Ahora esta empresa tendrá que asumir la responsabilidad por los daños ocasionados. Con este acuerdo, no solo se detienen las prácticas ilegales que han provocado un incremento desmedido en el vapeo, sino que se designan los fondos para desarrollar programas de prevención y tratamiento dirigidos a la población afectada”, manifestó Emanuelli Hernández.
“Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, para el año 2019, el 13.1% de los jóvenes en Puerto Rico entre las edades de 15 a 18 años había probado el cigarrillo; mientras el 35.8% había utilizado el cigarrillo electrónico”, informó el secretario auxiliar de la OAM, el licenciado Guarionex Díaz Martínez.
Además de la compensación económica, JUUL también debe cumplir con estrictas medidas cautelares que limitan sus prácticas de venta y mercadeo. La empresa no podrá colocar anuncios en vallas o billboards ni en vehículos de transportación pública; tampoco podrá vender cigarrillos con sabores sin la aprobación de la FDA ni hacer una representación falsa sobre el contenido de nicotina de sus productos; tiene prohibido permitir acceso a sus páginas cibernéticas sin verificación de la edad ni utilizar influencers; tampoco distribuir muestras gratuitas, entre otras. El acuerdo incluye restricciones en torno al lugar donde se colocarán los productos en las tiendas y limita las ventas al detal y en línea.
La cifra millonaria será remitida en un plazo de seis a diez años a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA).
Por su parte, el administrador de ASSMSCA, el doctor Carlos Rodríguez Mateo, destacó lo fundamental de este anuncio, ya que permitirá reforzar las estrategias de prevención y promoción de la salud mental y física para beneficio de la población más vulnerable, que son los niños, adolescentes y jóvenes.
“Como hemos estado orientando y alertando desde ASSMCA, el cigarrillo electrónico y el llamado vapeo tiene un efecto nocivo a la salud de nuestros niños y jóvenes. Por lo que a través de este acuerdo con la compañía JUUL, nos proponemos incrementar las iniciativas de prevención e intervención entre la población de niños, adolescentes y sus familias a través de los diez Centros de Prevención con más servicios de orientaciones y talleres a nivel de Puerto Rico, así como aumentar los esfuerzos para evitar su accesibilidad. Lo que es clave para cambiar hábitos y conductas, según han demostrado los estudios”, expresó el doctor Rodríguez Mateo.
El vapeo entre los adolescentes aumentó desmedidamente después de la llegada de JUUL al mercado en el año 2015, lo que llevó a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) a declarar una “epidemia”. En el año 2016, las ventas incrementaron un 700%, y para el 2018 la empresa dominaba el 75% de todo el mercado, impactando sobre cinco millones de menores aproximadamente.
Puerto Rico se unió en mayo del año pasado a la investigación, que inició a principios del año 2020 en los estados de Connecticut, Oregon y Texas. También se integraron los siguientes estados: Alabama, Arkansas, Delaware, Georgia, Hawaii, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Maryland, Maine, Mississippi, Missouri, Montana, North Dakota, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, Nevada, Ohio, Oklahoma, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Utah, Virginia, Vermont, Wisconsin y Wyoming.
