Un análisis del grupo de investigación y ciencia de datos de Espacios Abiertos (EA) concluyó que aunque los cambios en el Crédito por trabajo local (EITC, en inglés) y el Crédito por menor dependiente federal (CTC, en inglés) este año han tenido un impacto positivo en aliviar el bolsillo de más de 515,000 y 223,000 familias, respectivamente, se requieren mayores medidas para combatir efectivamente la inseguridad económica y aumentar de manera sostenible en el tiempo, la tasa de participación laboral en el mercado de trabajo formal, trascendió el lunes.
El analista sénior de política pública y director de investigación de EA, Daniel Santamaría Ots indicó que el estudio tuvo como base la información correspondiente a casi cuatro millones de observaciones de planillas contributivas sobre individuos, que permitió evaluar 20 variables de cada una de las unidades contributivas de año en año durante los últimos tres años. El informe que EA presenta tiene mayor énfasis en el EITC, programa que ha probado tener un efecto dramático en la pobreza en los Estados Unidos (al anualmente ayudar a más de 5.6 millones de personas a rebasar el umbral de la pobreza y a mejorar la seguridad económica a otras 16.5 millones).
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Santamaría Ots recomendó que la aportación federal de EITC a Puerto Rico se debe igualar a la distribución per cápita promedio de los estados de Estados Unidos y que se debe trasladar el CTC desde el IRS al Departamento de Hacienda de Puerto Rico para evitar que se queden miles de familias sin recibir ese crédito como ha pasado hasta el mes de octubre de 2022.
“Nuestro análisis demuestra que se ha avanzado, aunque la cantidad de fondos federales invertidos en EITC sigue siendo insuficiente para combatir la inseguridad económica y aumentar la tasa de participación laboral en Puerto Rico. Además, una cantidad sustancial de personas no está recibiendo el CTC en Puerto Rico cuando pudieron haberlo recibido desde temprano en abril. Las familias más vulnerables necesitan el dinero en su bolsillo lo antes posible”, indicó el economista en declaraciones escritas.
“El aprendizaje en ambos programas nos demuestra que se requieren ajustes inmediatos. El efecto en reducir la tasa de pobreza de ambos programas ha sido muy importante, aunque para Puerto Rico, la jurisdicción más pobre de los Estados Unidos, queda un largo camino por recorrer y hay que actuar con urgencia si queremos que los efectos sean sostenibles y continuos en el tiempo”, añadió.
El equipo de Espacios Abiertos estimó que para la planilla del año 2021, 44,999 unidades contributivas (99,272 personas) rebasaron el umbral de la pobreza al recibir el Crédito por trabajo. Esa cifra representa una reducción en la tasa de pobreza de aproximadamente un 3.1 por ciento (37.4 por ciento) de 40.5 por ciento a 37.44 por ciento.
“La inseguridad económica en la que vive más de un millón y medio de personas en Puerto Rico requiere acción contundente. La reincorporación del crédito por trabajo en la reforma contributiva de 2018 fue un paso en esa dirección. El rediseño del crédito local a partir de la ley ARPA fue otro. El análisis de Espacios Abiertos demuestra que existe espacio de acción a nivel local para no perder el terreno ganado contra la pobreza durante el 2021. La información que EA obtuvo de las planillas de contribuciones de los años 2019, 2020 y 2021 permitió realizar un análisis certero y convertir las estimaciones en datos precisos y evidencia sólida que respalde las decisiones de política pública.”, señaló Cecille Blondet, directora ejecutiva de Espacios Abiertos.
Blondet, al mismo tiempo, denunció la resistencia del Departamento de Hacienda a divulgar información solicitada por la organización que impide una rendición de cuentas respecto al desembolso de fondos públicos asignados para el crédito por trabajo. Dicha solicitud de información ha sido objeto de una demanda incoada contra Hacienda y que se encuentra ante la consideración del juez Anthony Cuevas en la sala de San Juan (Civil Núm. SJ2022CV08116).
“La importancia de estudiar el efecto del crédito por trabajo en Puerto Rico estriba en que éste es un programa con parte de factura estatal, y por ende ofrece oportunidad a la Asamblea Legislativa y al Ejecutivo de utilizar el conocimiento y datos concretos para robustecer el crédito, haciendo ajustes y asignando más recursos. La inversión de 204 millones de dólares del presupuesto de Puerto Rico para el crédito por trabajo ha tenido un efecto en reducir la pobreza, que es constatable”, puntualizó Blondet. “En contraste, anualmente Puerto Rico gasta más de 23 mil millones de dólares en incentivos y privilegios contributivos que otorga a corporaciones e individuos con ingresos millonarios, y cuyo retorno de inversión desconocemos porque no existe un mandato de transparencia y rendición de cuenta pública sobre esos gastos fiscales. La inversión inteligente de nuestros recursos puede incidir aún más contundentemente sobre la inseguridad económica en la que vive la mitad de la población de Puerto Rico. Para muestra un botón basta. Ahora, la bola está en la cancha de nuestros funcionarios electos”, resaltó la directora de la organización, que desde su creación en 2014 aboga por mayor transparencia y rendición de cuentas gubernamental.
Santamaría Ots dijo “las familias más vulnerables necesitan el dinero en su bolsillo lo antes posible. El aprendizaje en ambos programas nos demuestra que se requieren ajustes inmediatos. El efecto en reducir la tasa de pobreza a través de ambos programas ha sido muy importante, aunque para Puerto Rico, la jurisdicción más pobre de los Estados Unidos, queda un largo camino por recorrer y hay que actuar con urgencia si queremos que los efectos sean sostenibles y continuos en el tiempo”, indicó.
Este estudio fue realizado por la analista de política pública de Espacios Abiertos (EA), Wilmarí de Jesús Álvarez con la ayuda técnica del analista de datos de EA, José Miguel Zavala González.
