La Oficina del Contralor de Puerto Rico publicó el resultado de una investigación sobre el uso del Fondo de Mejoras Municipales, que administra la Autoridad de Tierras, tras recibir dos querellas sobre la constitucionalidad de una enmienda al Código de Rentas Internas de 2011, que les otorgó autoridad a los legisladores para disponer del Fondo de Mejoras Municipales.
El Informe reveló que el Fondo de Mejoras Municipales, no se utilizó de acuerdo con la ley y la jurisprudencia, ya que los senadores y representantes, mediante cartas, determinan el uso especifico de los fondos. De la evaluación de 12 contratos otorgados por $2.1 millones en el 2021, se identificaron cinco cartas de solicitud de transferencias de fondos a seis entidades sin fines de lucro para usos específicos. Además, los senadores y representantes seleccionaban a los beneficiarios del Fondo, los referían a las entidades sin fines de lucro para recibir la ayuda, y determinaban la construcción de obras y mejoras permanentes, así como la compra de enseres eléctricos, equipo médico o deportivo, entre otros.
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Esta situación violó la separación de poderes y afecta la fiscalización de fondos públicos. El Tribunal Supremo de Puerto Rico, determinó que es inconstitucional dejar a juicio de los legisladores la decisión de cómo utilizar fondos públicos asignados a una entidad de la Rama Ejecutiva. La facultad de poner en vigor las leyes es exclusiva de la Rama Ejecutiva.
La investigación pública cuatro resultados que señalan múltiples incumplimientos en los contratos entre la Autoridad de Tierras con las entidades sin fines de lucro. Por ejemplo, se asignaron fondos a tres entidades sin que el legislador o la Autoridad especificaran la obra a realizar, un representante asignó fondos a ciudadanos que no eran de su distrito, dos entidades pagaron la renta y remodelación de sus oficinas con fondos para otros servicios, y cinco entidades desembolsaron $1 millón, antes de recibir los fondos de la Autoridad o después de la fecha de vigencia de los contratos.
Los auditores detectaron que un familiar de una empleada del Programa de Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes (PIR), recibió un cheque por $5,700 para adquirir gabinetes de cocina y otro de $6,000 para construir un muro. El muro nunca se construyó y el beneficiario vivía en el distrito de Carolina, contrario a lo establecido en el contrato que indicaba que los fondos eran para obras en el distrito de Humacao.
Además, la madre de la mencionada empleada del PIR, recibió $3,700 para la compra de puertas y ventana para su residencia en Cupey, que nunca instaló a pesar de que el cheque fue cambiado con su firma y número de identificación. El PIR es la oficina de la Autoridad responsable del control y distribución del Fondo a las entidades sin fines de lucro. Por estas situaciones se pudo haber configurado delitos tipificados en el Código Penal.
La investigación indica que no existe un registro de los fondos devueltos por las entidades sin fines de lucro. La Autoridad no incluyo en el Informe de Fondos y/o Valores la información de 37 cheques devueltos de nueve entidades sin fines de lucro por valor de $223,473. De esta manera, los auditores no pudieron obtener la fecha del recibo de los cheques ni saber si fueron depositados.
La Investigación le recomienda al Gobernador, que apruebe legislación para enmendar la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, Código de Rentas Internas, y elimine la potestad que tienen los legisladores para determinar el uso de los fondos públicos asignados a una entidad del ejecutivo.
El Fondo de Mejoras Municipales, se nutre del 20% del 5% recaudado por el Impuesto de Venta y Uso. Este fondo se distribuye en partes iguales entre los ocho distritos senatoriales y 40 distritos representativos y se utiliza para atender mejoras permanentes y servicios directos esenciales de la ciudadanía. Del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2022, la Autoridad formalizó 722 contratos por $23 millones para otorgar fondos a los municipios, entidades gubernamentales y entidades sin fines de lucro.
