Fraude

Cinco años de libertad supervisada a dueño de laboratorio por fraude al Medicaid

Se apropió de las identidades de beneficiarios.

La secretaria del Departamento de Justicia, Janet Parra Mercado, informó que Julio Martorell González, quien funge como dueño del Laboratorio Clínico de San Juan, fue sentenciado a cumplir cinco años en libertad supervisada por apropiarse ilegalmente de las identidades de beneficiarios del Programa de Medicaid para poder facturar y cobrar ante los planes médicos.

La jueza Nerisvel Durán Guzmán, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, impuso una pena de cinco años de libertad supervisada que deberá cumplir de forma concurrente por los delitos de someter reclamaciones falsas y fraudulentas, apropiación ilegal de identidad y apropiación ilegal.  Mientras, al Laboratorio Clínico de San Juan se le ordenó la cancelación del certificado de incorporación ante el Departamento de Estado. Previo al acto de dictar sentencia Martorell González restituyó la cantidad de $49,119.54 al Programa de Medicaid.

Martorell González utilizó su posición como dueño del Laboratorio Clínico de San Juan para apropiarse de la identidad de pacientes de Medicaid y así lograr someter reclamaciones falsas y fraudulentas al Programa de Medicaid entre los meses de agosto de 2018 a diciembre de 2022.  El Laboratorio Clínico de San Juan sometió reclamaciones fraudulentas a los planes médicos: Humana Health Plan, MCS Advantage, MMM, Plan de Salud Menonita y Triple S por la cantidad de $49,119.54.  Como parte del esquema, se apropiaban de las identidades de beneficiarios del Programa de Medicaid para poder facturar y cobrar ante los planes médicos. El Laboratorio Clínico lleva más de 10 años operando en la Avenida Lomas Verdes en San Juan. 

Por estos hechos, la fiscal Rosado Aponte, adscrita a la Unidad de Control de Fraude al Medicaid (MFCU) del Departamento de Justicia, formuló 17 cargos contra Martorell González y 10 cargos contra el Laboratorio Clínico de San Juan tras violentar los artículos 182 del Código Penal y 3.07 de la Ley de Reclamaciones Fraudulentas a los Programas, Contratos y Servicios del Gobierno de Puerto Rico.  

“Toda persona que mediante engaño cometa el delito de fraude será investigado y procesado como corresponde. Que este caso sirva de advertencia para todo aquel que esté pensado cometer este delito desista inmediatamente de incurrir en tales acciones. El Departamento de Justicia está preparado para procesar toda acción fraudulenta contra los servicios de salud y atención médica. Destaco la encomiable labor de los fiscales y agentes de MFCU, así como del Negociado de la Policía que trabajaron en el procesamiento de este caso”, expresó la secretaria de Justicia, Janet Parra Mercado.

El caso surgió a raíz de un referido del Program Integrity Unit del Departamento de Salud de Puerto Rico a la Unidad de Control de Fraude al Medicaid del Departamento de Justicia de Puerto Rico. La pesquisa estuvo a cargo de la fiscal Rosado Aponte y el agente de MFCU, Ricardo Del Valle Vélez, en colaboración con agentes de la Oficina del Inspector General adscrita al Departamento de Salud federal.

La Unidad de Control de Fraude al Medicaid de Puerto Rico recibe el 75% de su financiamiento del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Lo anterior, en virtud de una subvención de $980,092 para el año fiscal federal 2024-2025. El 25% restante, que totaliza $326,693.79 para el año fiscal 2024-2025, es financiado por el Gobierno de Puerto Rico.

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