El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, informó este viernes que la Fiscalía de San Juan presentó cargos de conspiración, oferta de soborno e impedimento o persuasión de incomparecencia de testigos contra dos abogados, a quienes se les imputa haberle pagado a una testigo para impedir que declarara en un juicio relacionado con un doble asesinato ocurrido el año pasado.
El Departamento de Justicia cuenta con evidencia de que los licenciados Juan Enrique Cátala Suárez y Ana Luisa González Cabrera realizaron varios pagos a la testigo de un caso radicado contra uno de sus clientes. Esto, con el propósito de que la testigo evitara ser contactada hasta que transcurriera el término requerido para la celebración del juicio y el caso se desestimara. La Fiscalía de San Juan presentó los tres cargos por estas actuaciones que constituyen violaciones al Código Penal de Puerto Rico.
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“Hoy tomamos acción para defender nuestro sistema de justicia de la corrupción. Resulta alarmante que dos personas que tienen el privilegio de practicar la abogacía en nuestros tribunales y la sagrada encomienda de defender la verdad y los derechos humanos le hayan fallado a la profesión, al sistema y al pueblo. Es decepcionante e inaceptable; por lo que ahora tendrán que enfrentar la justicia”, sentenció Emanuelli Hernández.
Conforme a la investigación, durante la etapa de vista preliminar la testigo dejó de asistir al tribunal y de responder las comunicaciones a la fiscal y los agentes a cargo del caso del doble asesinato. Al realizar las gestiones para contactarla a través de sus familiares, se descubrió que los abogados le entregaron dinero a la testigo para que se trasladara a otro municipio y no pudiera ser localizada hasta lograr la desestimación del caso de asesinato contra su cliente. Surge, además, que Cátala Suárez y González Cabrera le pidieron a la testigo que no contestara las llamadas de los agentes y la fiscal, y que no se dejara citar.
“Es sumamente lamentable tener que procesar colegas de la profesión legal que conocen muy bien lo que representan estos delitos y las consecuencias de violar la ley. Peor aún, al tratarse de actuaciones que mancillan la confianza de los ciudadanos. Pero nadie está por encima de la ley y estamos cumpliendo con nuestro deber ministerial y compromiso con las víctimas del crimen. Actuaciones como las que denunciamos hoy no tienen cabida en nuestro sistema de justicia”, manifestó la jefa de los fiscales, Jessika Correa González.
La jueza Brenda Salas, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $45, 000 a cada imputado. La vista preliminar fue programada para el 22 de febrero.
El Ministerio Público estuvo representado por las fiscales María Hernández Medina,Naydik Ramos Montesinos, Phoebe Isales Forsythe y Teresita Morales Arteaga.
