Necesitan identificar cerca de $70 millones.
Los $70 millones para el pago del Bono de Navidad de los empleados públicos todavía no están identificados, dijo el jueves el principal oficial financiero (CFO), Omar Marrero.
“Estamos haciendo los ejercicios necesarios. Si tenemos distintas opciones identificadas, lo que pasa es que desde el punto de vista responsible, tenemos que reconocer que no solamente ese es el reto. Es Bono de Navidad, es nómina, es gasto en ATM (Autoridad de Transporte Marítimo) y ATI (Autoridad de Transporte Integrado) para compra de combustible, es planes médicos, son muchos asuntos”, dijo Marrero a preguntas de la prensa.
Marrero mencionó que cuando la Junta de Control Fiscal aprobó el presupuesto para el año fiscal 2019-2020 dejó en cero el pago del Bono de Navidad. Como la gobernadora Wanda Vázquez Garced se comprometió con el pago del Bono de Navidad, habrá que hacer recortes en otras partidas presupuestarias en las agencias y someterle a la JCF un permiso para reasignar esos fondos para el pago del Bono de Navidad.
Explicó que el sobrante que se prevé al final del año fiscal (estimado en 2,600 millones de dólares) está comprometido para el pago de los déficits de años futuros,el pago de la deuda, el depósito de unos 176 millones de dólares para el fondo de reserva del pago a las pensiones y un fondo de 130 millones de dólares reserva para emergencias.
“El año pasado en el presupuesto nos pusieron el tamaño del cuarto, pero podíamos jugar con las partidas. Este año lo dividieron y en la partida del Bono de Navidad dice cero, por eso es que tenemos que solicitar esa reprogramación, pero esa reprogramación requiere que determinemos e identifiquemos de donde va a salir esa partida”, expresó.
El CFO, la gobernadora Wanda Vázquez Garced y el representante del gobernador ante de la Junta de Control Fiscal, Eli Díaz Atienza se reunieron en el Centro de Convenciones Pedro Rosselló con la mayoría de los jefes de agencia para explicarles el alcance del Plan Fiscal, las medidas de control de gastos y controles presupuestarios que tienen que tomar.
A los funcionarios se les exigió que como parte de la resistribución de partidas presupuestarias en sus agencias, no pueden quitar dinero del pago de utilidades ni de la aportación al Sistema de Retiro.
Puerto Rico
“Es prioritario los pagos intragenciales, entiéndase (Autoridad de) Acueductos (Autoridad de) Energía Eléctrica y el PayGo. Eso es prioritario y se le dijo a los jefes de agencias que no es como los años antes que eso se dejaba de pagar. Ahora eso no se puede, porque esas agencias tienen planes fiscales que tienen que cumplir y tienen esos ingresos contabilizados”, sostuvo Marrero.
“Yo creo que la meta principal de estos grupos de trabajo es la responsabilidad fiscal, el cumpimiento con los presupuestos, el cumplimiento con el presupuesto que ha sido certificado (por la Junta de Control Fiscal) y nosotros queremos que los jefes de agencia cumplan con ello y que tengan sus expectativas claras para que puedan hacer los ajustes, de manera que dentro del presupuesto podamos identificar los recursos para estos compromisos que queremos pagar”, mencionó por su parte la gobernadora.
Además se le instruyó a los jefes de agencia que en caso de tener alguna necesidad presupuestaria que no haya sido considerada por la JCF, tomen las medidas con tiempo para poder someter las solicitudes a la entidad federal creada bajo la Ley PROMESA.
ESCASEA EL PERSONAL EN LA OFICINA DE LA PROCURADORA DE LA MUJER
La gobernadora dijo el jueves que desconoce si Valerie Rodríguez Erazo, esposa de Elías Sánchez, que tuvo contrato de consultoría con la Oficina de la Procuraduría de la Mujer (OPM), posee algún contrato en este momento.
“Sé que es necesario el contrato de consultoría en el sentido de que necesitan oficiales examinadores, y obviamente son contratos que tiene que tener la oficina de la Procuradora.”, dijo la primera ejecutiva.
Mientras, Rodríguez Erazo reaccionó a través de las redes sociales sobre las alegaciones de que aún cobra a $100 la hora como consultora.
“Me veo en la obligación de responder a la información distorsionada publicada por algunos medios en el día de hoy. Llevo 9 años ofreciendo mis servicios en la Oficina de la Procuradora de la Mujer, como abogada defensa de los derechos de las mujeres, no como consultora. En algunas ocasiones también como oficial examinadora. Me parece inaudito la demonización del rol de los que prestamos este servicio tan importante a las mujeres víctimas. Invito a los medios a que, con el mismo empeño que han buscado mi contrato en la OPM, busquen el récord administrativo y judicial de los casos que he llevado en defensa de las mujeres. Algunos de ellos, incluso han sido reseñados y han hecho portadas en los medios del país. Cuando comencé en la OPM no estaba casada. Mis trabajos y mis servicios no están vinculados a mi relación marital, como tanto los medios insisten. Esto es típico del trato que recibimos las mujeres cuando minimizan o invisibilizan nuestros méritos pretendiendo a ponernos a la sombra de nuestros esposos. Por último, es una sana practica periodística el contactar a las personas antes de publicar, para así evitar la divulgación de información distorsionada. En mi caso nunca he sido contactada.”, colgó en las redes.
