La Oficina del Inspector General (OIG) de Puerto Rico informó este martes, en un comunicado de prensa, que detectó al menos $439,796,050 en fondos no reembolsados a la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES), lo que provocó que Puerto Rico, perdiera dicho beneficio.
De acuerdo con un informe de la OIG, ASES no recibió los reembolsos millonarios en fondos federales debido a la demora en las solicitudes de reembolsos al Programa Medicaid. Las solicitudes de reembolsos fueron entregadas con hasta 789 días de retraso, a pesar de que no debían tardar más de 15 días después del cierre mensual.
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Según se indicó, este examen se realizó luego de una colaboración especial con la Oficina del Inspector General de Departamento de Salud Federal (HHS-OIG). La evaluación cubrió el período de 1 de julio de 2012 al 31 de agosto de 2022. Los resultados del informe fueron referidos al HHS-OIG, para que tome las determinaciones correspondientes con el mismo.
"Del examen realizado se encontraron deficiencias de controles internos significativos e incumplimiento de leyes y reglamentación aplicables relacionadas al pareo de fondos federales y estatales del Programa Medicaid, tales como: fondos federales no reembolsados por el Programa Medicaid del Departamento de Salud de Puerto Rico y dilación en someter la solicitud de reembolso de fondos federales por gastos administrativos y de nómina al Programa Medicaid, atrasos en la preparación de las conciliaciones bancarias, e informes mensuales requeridos", dice el comunicado.
Esta situación, se indicó, provocó que no se autorizara el reembolso de fondos federales debido a que los fondos para las subvenciones estaban agotados o cerrados. El informe sostuvo que se afectó el flujo de efectivo de la ASES porque tuvo que hacerse cargo de las obligaciones de pago.
El informe de la OIG atribuyó la responsabilidad de los costos cuestionados a los directores ejecutivos y directores de Finanzas y Administración en funciones durante el período examinado, ya que no ejercieron una supervisión efectiva de las actividades y operaciones relacionadas sobre las solicitudes de reembolsos de fondos federales.
El atraso imposibilitó un control efectivo sobre los fondos y entorpeció la veracidad y la corrección de sus registros de contabilidad. De acuerdo con el informe, los atrasos dieron lugar a que se tomaran decisiones sin contar con la información completa, correcta y actualizada sobre la situación fiscal de ASES. Además, propició un ambiente para la comisión de errores e irregularidades y otras situaciones adversas en las finanzas de ésta sin que se detecten a tiempo para fijar responsabilidad.
Directora ejecutiva de ASES niega pérdida de fondos
La directora ejecutiva de ASES, Roxanna K. Rosario Serrano, envió declaraciones escritas reaccionando al comunicado enviado por la OIC.
“En la ASES no se han perdido fondos federales durante este cuatrienio como lo menciona la Oficina del Inspector General en un informe publicado el día de hoy.
Todos los fondos federales han sido utilizados en los servicios de salud de los beneficiarios del Plan Vital y Medicare Platino. En el pasado, la ASES tuvo un retraso consistente en la solicitud de fondos a Medicaid según los términos acordados en nuestro MOU, pero es un asunto de manejo en la operación interna que no ha impactado el uso total de los fondos federales del programa.
El gobierno federal nos concede hasta dos años para retirar los fondos federales mediante reembolso, que el programa tiene asignados independientemente de los términos de tiempo acordados para la operación entre ASES y Medicaid. Así se hizo diligentemente, por lo que no se perdieron fondos, contrario a lo que estipula el mencionado informe. El gobierno federal establece que, de existir un sobrante, siempre hay oportunidad de poderlos gastar el dinero en expansión de beneficio o remitir los residuales. Hubo una oportunidad de eficiencia y estandarización operacional y eso nos permitió utilizar los fondos en su totalidad.
Sobre las cantidades denegadas, éstas responden a que la ASES tenía en MOU un tope en la partida administrativa de $20 millones, la cual se redujo, en el 2019, a $8 millones por el programa de Medicaid, ocasionando este efecto. Según la regulación federal, estructuras como la de ASES en Puerto Rico tienen derecho al 50% de la partida administrativa de los fondos federales, por lo que estamos trabajando con la oficina de Medicaid para enmendar nuestro acuerdo colaborativo y asegurar que tengamos acceso a dichos fondos sin mayor impacto en la partida estatal. No obstante, esto no ha ocasionado pérdida de fondos, todos los fondos federales asignados al Programa se han utilizado eficientemente.
Reitero que implementamos los planes de acción correctiva y que en estos momentos todo está corregido”, sostuvo Rosario Serrano.
El informe sostuvo que hubo documentos no localizados ni provistos durante el examen en ASES.
La OIG detectó también que no se remitieron los informes mensuales sobre Proyección Presupuestaria OGP-41 a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). Esta situación impidió a la ASES mantuviese un control efectivo del presupuesto, al no dar seguimiento y actualizaciones periódicas al presupuesto contra los gastos reales.
Además, el informe destacó que ASES posee reglamentación interna no actualizada sobre procedimientos en asuntos fiscales, primas y facturación a las aseguradoras. Esta situación dificultó que se pudiera adjudicar responsabilidad de forma oportuna, de acuerdo con el informe.
La OIG realizó recomendaciones a la Junta de Directores y a la dirección ejecutiva para preparar y revisar la reglamentación interna relacionada con los procesos de asuntos fiscales en los 90 días calendario siguientes a la publicación del informe.
Este examen se realizó luego de que la Oficina del Inspector General de Departamento de Salud Federal (HHS-OIG), solicitara colaboración especial a la OIG. La evaluación cubrió el período de 1 de julio de 2012 al 31 de agosto de 2022. Los resultados del informe fueron referidos al HHS-OIG, para que tome las determinaciones correspondientes con el mismo.
Cualquier persona que conozca sobre actos que podrían poner en peligro el buen uso de fondos públicos o que podrían constituir corrupción, puede comunicarse con la línea confidencial de la OIG al (787) 679-7979, a través del correo electrónico informa@oig.pr.gov o a través de la página electrónica www.oig.pr.gov/informa.
