El Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), diligenció seis órdenes de arresto este viernes por venta de armas ilegales.
Estas personas operaban en los municipios de Río Grande, Carolina, San Juan y Bayamón.
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Durante la investigación los agentes compraron varios rifles, cargadores de municiones, pistolas, municiones calibre .223mm, municiones calibre 9mm y municiones calibre .40mm, con un valor total de $7,200.00. Esta operación produjo la emisión de siete órdenes de arresto por violación a la Ley 168 de la Ley de Armas, específicamente bajo los artículos 6.02, 6.05, 6.22 y 2.16, con una fianza global de $2 millones.
Las órdenes de arresto están dirigidas a los siguientes individuos: Oscar Torres Casanova, Vanessa Salamán Iglesias, Juan C. Rivera Ortiz, Christian José Torres Hernández, Noriel Iván Alvarado Mojica, y C/P Carol (C/P Karol G) junto con un menor de edad identificado como DMS.
“Los arrestos de hoy es el resultado del trabajo efectivo que lleva a cabo el Negociado de Investigaciones Especiales desde hace varios meses. En el DSP continuaremos apoyando al Negociado asignando el presupuesto necesario tanto estatal como federal para seguir añadiendo tecnología y proveerles las herramientas necesarias para lograr resultados como el de hoy, asimismo estamos enfocados en desarticular y sacar de la calle a estas organizaciones criminales”, destacó Alexis Torres, secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP).
Por su parte, el Lcdo. Rafael Freytes, comisionado del NIE sostuvo que “esta exitosa operación es el resultado de varios meses de esfuerzos dedicados y la colaboración entre agencias locales y federales destacando el compromiso continuo de nuestras fuerzas de ley y orden con la seguridad y el bienestar de los ciudadanos de Puerto Rico. La lucha contra la venta ilegal de armas de fuego es de todos. Continuaremos con esta iniciativa que hasta el momento ha logrado el arresto de más de 37 personas por vender armas ilegales a nuestros agentes”.
Los arrestos de estos individuos también fueron posibles gracias a la colaboración de la Oficina de los Alguaciles Federales, quienes asignaron todos los recursos necesarios para este operativo.
