El Comité de Transición entrante atendió en la vista pública de este martes a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y al Departamento de Corrección y Rehabilitación.
Sobre la AAA preguntaron sobre el proceso de licitación para los llamados contadores inteligentes, requeridos en el Plan Fiscal de la corporación pública. Aprovecharon la ocasión para preguntar si el cambio representará un aumento en lo que el abonado paga, por el cobro real de consumo versus el estimado o contabilidad errónea de los equipos que se van a cambiar.
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“Nuestro punto también era que entonces hay que ver si hay que revisar la factura para reducirla porque hay que ver cuál va a ser el impacto real en el bolsillo del consumidor, de cuánto estamos hablando que va a aumentar. Se estima que va a ser de 92 a 95 millones de dólares”, expresó el licenciado Oriol Campos.
“En el plan fiscal de la Autoridad, por ejemplo, se establece que anualmente va a ser $95 millones el impacto en los ingresos de la corporación, que van a terminar saliendo del bolsillo de los consumidores. Es importante que esa información sea divulgada para que todos los consumidores sepan eso y tengamos el conocimiento de que estos contadores tienen sus cosas positivas, pero va a representar un aumento”, agregó.
En cuanto al Departamento de Corrección y Rehabilitación Ferraiouli Hornedo mencionó la posibilidad de cancelar el contrato de Physician Correctional.
“Correcto. Ellos tienen un contrato que renovaron, un contrato de cinco años, pero claro, todos los contratos están sujetos a que se cumplan y que se den unos servicios, según se requiere. Teníamos un caso federal (Morales Feliciano) por muchos años y tenemos unas métricas establecidas por el tribunal que se tienen que llevar a cabo. Y si eso no se está dando, si no se está dando el servicio necesario, pues esa no es la comañía tenemos que tener allí”, mencionó.
Además, invirtieron parte del tiempo en la controversia por las cualificaciones del licenciado Jorge Galva y la doctora Silvette Rivera García de UTICorp. La secretaria del Departamento de Corrección Ana Escobar Pabón alegó que desconociá de las credenciales y confió en la información provista por uno de sus ayudantes.
Finalmente, el secretario del Departamento de Estado, Omar Marrero Díaz insistió en que parte de las dudas que tienen los integrantes del Comité de Transición entrante están contestadas en los informes sometidos por las agencias.
“Bueno, no quiero entrar en decir por qué no están al tanto del detalle. Están los informes y te voy a ser más sincero. En el caso de ASEM, que se trata de una deuda que tenía con el ahora extinto Banco Gubernamental de Fomento, se trata de una deuda pública que fue parte de la reestructuración del Banco Gubernamental de Fomento, se trata de un préstamo retenido como parte de esa deuda. Todas las solicitudes de información se han atendido. Ni una, ni una solicitud de información se ha dejado de atender, porque al final del día, eso es nuestro compromiso y eso es lo que no solamente requiere el gobernador, requiere la ley.
