A pesar de la complejidad para cancelar el contrato de LUMA Energy, porque al momento están bajo un contrato suplementario que no contempla métricas de incumplimiento y que, a pesar de ello, las fallas tendrían que ser por tres años consecutivos, los integrantes del Comité de Transición de la gobernadora electa entienden que se puede hacer.
“La manera más responsable para no exponer al país a una demanda, lo que ha planteado la gobernadora electa, tiene que crear una estructura que pueda ir haciendo, preparando, levantando toda la información, toda la evidencia para poder finalmente impugnar ese contrato. ¿Quién puede cambiar las funciones del Negociado de Energía o inclusive de la APP? La Asamblea Legislativa. Así que, en primera instancia, si va a cambiarse el ordenamiento legal, la Legislatura requeriría una ley. Ahora, la Legislatura no puede cancelar unilateralmente un contrato. Por lo tanto, estamos en una situación complicada porque las herramientas que el gobierno negoció para poder ejercer esa fiscalización están limitadas a lo que se negoció”, dijo el exrepresentante Jorge Colberg Toro en conferencia de prensa.
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Según Colberg Toro, si al final es la política pública de la gobernadora electa cancelar el contrato, el gobierno tendrá que buscar todas las alternativas, inclusive, defenderse en los tribunales.
“Cuando un gobernador ordena cancelar un contrato, no ha habido empresa privada que pueda dejar sin efecto esa decisión. Y lo he conversado y ha pasado en varias administraciones. Segundo, por supuesto que en ese proceso puede haber una negociación, pero además de la cancelación, si fuese una decisión de política pública, es que tienes que tener el plan B. Ok, se va a LUMA, ¿quién lo coge? ¿Estamos listos, cuánto nos tardamos? O sea, tienen que tener todas las piezas del rompecabezas. No podemos mirarlo meramente en una cancelación. Y eso es parte del proceso que también tenemos que ponderar y recomendar a la gobernadora”, expresó Colberg Toro.
Por su parte, el director de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), Fermín Fontánez Gómez, insistió que a su juicio, es peor cancelar el contrato de LUMA Energy que mantenerlos como operadores del sistema de transmisión y distribución de energía.
“No es el costo monetario, el costo es de la paralización de la reconstrucción del sistema eléctrico. Nosotros estamos hablando de la transformación del sistema y eso es lo que nosotros queremos y eso es lo que quiere todo Puerto Rico. Hacer una pausa en la reconstrucción nos cuesta todo, porque eso significa que no pasaría nada. Y nosotros seguimos entonces empujando. Bueno, es la política pública que nosotros estamos empujando. El que venga tendrá la facultad de tomar las determinaciones que ellos quieran. Nosotros apostamos a la ejecución y a seguir empujando. La paralización de la reconstrucción para mí no es una opción”, dijo Fontanez Gómez.
Según el director de la AAPP, la imagen que tenía Puerto Rico y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con las empresas privadas y con el gobierno federal no generaba confianza.
“Yo te puedo decir que yo corrí esta licitación, yo sé lo que el mercado piensa de Puerto Rico, de la Autoridad (de Energía Eléctrica), de la quiebra más grande en la historia de los Estados Unidos una utilidad. Sé lo que está dispuesto el mercado a pagar. Ese costo no lo debemos de pasar al pueblo de Puerto Rico. Hay que empujar a LUMA a que mejore y por lo menos la política pública de nosotros fue empujar ejecución a seguir exigiendo que mejoraran. La próxima administración tomará las decisiones que ellos entiendan que son las mejores y veremos a ver qué es lo que sucede", expresó.
