Los comisionados electorales de todos los partidos se reunirán este viernes a las 10:00 a.m. en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), para discutir quién será la persona que se encargará del escrutinio general.
En este proceso electoral, que está pautado a comenzar el próximo martes, se da paso al conteo final de los votos restantes, incluyendo por nominación directa.
Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.
Por otro lado, la Unión Americana de Libertades Civiles, Capítulo de Puerto Rico (ACLU-PR), y el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) dieron a conocer el jueves los hallazgos preliminares de su observación electoral durante los comicios generales del 5 de noviembre de 2024.
Ambas organizaciones, que participaron como observadores independientes, señalaron una serie de irregularidades y limitaciones que, según indicaron, afectan la transparencia y confiabilidad del sistema electoral puertorriqueño.
En su informe preliminar, las entidades denunciaron impedimentos a la función de los observadores electorales. En al menos dos casos, coordinadores y funcionarios no permitieron la entrada de observadores debidamente identificados y acreditados a los colegios electorales. En otro incidente, a una observadora se le impidió tomar fotografías, contrario a lo establecido en el protocolo de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).
Las organizaciones también destacaron múltiples limitaciones en los Colegios de Fácil Acceso, lo que afectó la participación de personas con diversidad funcional. Entre las deficiencias identificadas se encuentran la ausencia de estacionamientos adecuados, rampas inadecuadas o inexistentes, baños portátiles no adaptados y falta de papeletas en braille o lupas para personas con visión limitada. Además, señalaron que en algunos centros de votación el voto por teléfono no estaba disponible.
Según las entidades, el informe revela problemas con las máquinas de escrutinio y computadoras defectuosas en varios colegios electorales. Se documentaron casos en los que las máquinas no funcionaban correctamente, carecían de baterías suficientes o no aceptaban las papeletas. En algunos lugares, las máquinas no leían adecuadamente las marcas hechas con una “X”, lo que afectó la adjudicación correcta de los votos.
Las entidades denunciaron tardanzas en la entrega de materiales electorales y la insuficiencia de funcionarios. En muchos colegios, los materiales llegaron después de las 7:00 a.m., retrasando la apertura de los centros de votación que debía ser a las 9:00 a.m. También se reportó la falta de funcionarios de todos los partidos acreditados y dificultades para que los funcionarios pudieran registrarse y votar.
Otro de los hallazgos fue la violación al derecho al voto secreto. Se observó que las casetas de votación llegaron sin cortinas y que las filas de electores estaban muy cerca de las casetas, lo que permitía ver la papeleta mientras era utilizada. En algunos casos, personas de edad avanzada o con movilidad reducida tuvieron que votar en mesas sin protección, exponiendo así su voto.
Las organizaciones mencionaron además que la calibración de las máquinas de escrutinio pudo haber afectado la lectura de las papeletas marcadas con una “X”, ya que las máquinas fueron calibradas para reconocer recuadros completamente ennegrecidos.
La ACLU-PR y el CAAPR señalaron que, aunque este es un informe preliminar, trabajarán en un análisis detallado que se publicará más adelante e incluirá la etapa de escrutinio. Agradecieron al cuerpo de observadores que participó en el esfuerzo y dedicó largas horas antes, durante y después de los comicios para asegurar mayor transparencia en el proceso electoral.
“Estimamos que la institucionalidad electoral necesita fortalecerse mucho más con el objetivo de proveer mayor confianza y transparencia al proceso”, indicaron en el informe. “El derecho fundamental a la representación política requiere de un sistema robusto, serio y competente que provea a todos los electores la seguridad de que su voluntad ha sido respetada”.
Expresaron preocupación por la implementación del Código Electoral de 2020, señalando que la restricción del registro electoral provocó que miles de puertorriqueños quedaran privados del derecho fundamental al voto, lo que calificaron como “una mancha en la historia electoral de Puerto Rico”.
Las entidades adelantaron que en su informe final presentarán recomendaciones específicas para atender cada uno de los hallazgos y limitaciones identificadas en los comicios electorales de 2024.
