El expresidente brasileño fue inhabilitado por ocho años para ejercer sus derechos políticos tras su campaña contra las elecciones de 2022.
BRASILIA - El duro discurso y los continuos abusos del expresidente Jair Bolsonaro contra el sistema electoral y la democracia en la campaña para los comicios de 2022 le costaron sus derechos políticos: le fueron suspendidos este viernes durante ocho años por la Justicia brasileña.
El líder de la ultraderecha ha sido declarado "inelegible" por el Tribunal Superior Electoral (TSE), que lo consideró culpable de una serie de "abusos de poder" cometidos en su doble papel de presidente en ejercicio y candidato a la reelección para unos comicios ganados por Luiz Inácio Lula da Silva y cuyo resultado se negó a reconocer.
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La suspensión de sus derechos políticos le impedirá concurrir a cargos electivos o puestos en la administración pública hasta octubre de 2030, cuando tendrá 75 años.
La decisión, adoptada por cinco votos frente a dos, aceptó una denuncia presentada por el Partido Democrático Laborista, que tuvo como base una polémica reunión convocada por Bolsonaro el 18 de julio del año pasado, poco más de tres meses antes de los comicios, con medio centenar de embajadores extranjeros.
ABUSO DE PODER Y "SISTEMÁTICA CAMPAÑA" CONTRA LAS ELECCIONES
La reunión se celebró en la residencia oficial de la Presidencia y fue transmitida por la televisión pública por orden expresa del entonces mandatario, quien en un monólogo de casi una hora sembró dudas sobre el sistema electoral, el Poder Judicial y la propia democracia brasileña, según fue reflejado en la sentencia.
Ese hecho, según el TSE, configuró un "abuso de poder político, conductas vedadas y desorden informativo" y también un "uso indebido de predios y medios de comunicación públicos".
Sin embargo, también fue considerado lo que el presidente del TSE, Alexandre de Moraes, calificó como una "sistemática campaña de desinformación" que Bolsonaro mantuvo contra la Justicia electoral.
"No eran opiniones personales", como sostuvo la defensa, dijo De Moraes, sino "mentiras permanentes y fraudulentas" que apuntaban a "subvertir y pervertir" el proceso electoral y con eso, "a la propia democracia".
Algunos jueces fueron incluso más allá y dijeron que la conducta de Bolsonaro hasta pudo alentar el asalto a los tres poderes de la nación del pasado 8 de enero, cuando una horda de activistas de ultraderecha sembró el caos con la intención de llevar a las Fuerzas Armadas a derrocar a Lula.
UNA "CONDENA A LOS MÉTODOS DE LA EXTREMA DERECHA"
Después que la sentencia fue dictada, Lula participó en un acto sobre salud pública, pero no mencionó la decisión del TSE, a pesar de que habló ante cientos de personas que por momentos gritaban "inelegible".
Sin embargo, el ministro de Justicia, Flávio Dino, anunció que evaluará la posibilidad de exigirle a Bolsonaro, vía tribunales, una indemnización por sus ataques "al sistema de justicia y el orden jurídico".
En el Partido de los Trabajadores (PT), que lidera Lula, el fallo fue considerado una "condena a los métodos de la extrema derecha", "la diseminación industrial de mentiras, amenazas a la democracia y el uso del poder público para perseguir adversarios y prevalecer en la disputa electoral".
BOLSONARO ESTUDIA APELAR TRAS UNA "PUÑALADA EN LA ESPALDA"
"Recientemente recibí una puñalada en la barriga y ahora me dieron una puñalada en la espalda con la inhabilitación política", afirmó Bolsonaro tras la sentencia y en alusión al atentado que sufrió en 2018.
Dijo también que no está "muerto" y que evaluará con sus abogados las posibilidades de apelar la decisión tanto ante el TSE como ante la Corte Suprema.
En las filas del bolsonarismo, el presidente del Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, declaró su incredulidad y aseguró que "es la primera vez en la historia de la humanidad que un expresidente pierde sus derechos políticos por hablar".
Por su parte, el senador Ciro Nogueira, quien fue ministro con Bolsonaro, anunció que presentará al Parlamento un proyecto de ley de amnistía para políticos que "hayan sido procesados, condenados o declarados inelegibles" en el marco de las elecciones de 2022.
Para entrar en vigor, primero debería ser aprobado por las dos cámaras legislativas y, luego, ser sancionado por Lula.
