LOS ÁNGELES, California - El cuerpo de una estudiante universitaria de California desaparecida durante casi 25 años estuvo enterrado en el patio trasero de la casa propiedad del padre del presunto asesino, dijeron las autoridades en un documento judicial.
El cuerpo de Kristin Smart, que nunca ha sido encontrado desde 1996, fue trasladado recientemente de la casa de Rubén Flores, ahora de 80 años, en San Luis Obispo, dijo un fiscal, según un documento presentado el lunes y publicado en las redes sociales por un reportero del periódico The Tribune.
Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.
"La excavación debajo de su cubierta mostró evidencia irrefutable de que un cuerpo había sido enterrado en ese lugar y luego trasladado recientemente", dijo el fiscal Christopher Peuvrelle.
La fiscalía considera que Rubén Flores ha ayudado a encubrir el crimen de su hijo durante casi un cuarto de siglo y que continuaría haciéndolo si fuera liberado.
"Debido a la evidencia obtenida de la excavación, es razonable creer que Ruben Flores actualmente conoce la ubicación de los restos de Kristin Smart", dijo Peuvrelle. "Si se le permite la libertad bajo fianza, es una certeza virtual que usaría su libertad para continuar sus intentos de ayudar a Paul Flores a frustrar el procesamiento en este caso y continuar ocultando sus restos".
Rubén Flores se declaró no culpable de un cargo de complicidad. El hombre fue acusado de ayudar a su Paul Flores a ocultar el cuerpo de Smart después de que su hijo supuestamente la matara. Paul Flores, de 44 años, se declaró inocente de un cargo de asesinato.
Paul Flores, quien era compañero de la joven en la Universidad Politécnica Estatal de California en San Luis Obispo, fue la última persona que se vio con Smart el 25 de mayo de 1996. Los testigos dijeron que Smart estaba ebria y Flores había dicho que la acompañaría a casa después de una fiesta fuera del campus.
El documento judicial fue presentado antes de los argumentos de la fianza el lunes en el Tribunal Superior de San Luis Obispo cuando el padre y el hijo fueron procesados. Fue reportado por primera vez por The Tribune, y un reportero publicó fragmentos de documentos en Twitter.
El documento decía que los investigadores del Departamento del Alguacil del condado de San Luis Obispo tenían evidencia biológica que indicaba que Smart fue enterrada una vez bajo la terraza de Rubén Flores detrás de su casa en la cercana Arroyo Grande.
Los abogados defensores han criticado las pruebas utilizadas para arrestar a ambos hombres la semana pasada. El abogado Harold Mesick dijo el lunes que la evidencia contra el padre era "tan mínima como para conmocionar la conciencia".
Los restos de Smart nunca se han encontrado, pero las autoridades dijeron recientemente que creen que saben dónde fue enterrada, aunque no han revelado la ubicación.
Los arrestos del padre y el hijo se produjeron después de que investigadores que usaban radares de penetración en el suelo y perros cadáveres descubrieron evidencia relacionada directamente con la muerte de Smart el mes pasado durante una búsqueda en la casa de Rubén Flores, dijeron las autoridades. No revelaron lo que encontraron, pero regresaron al patio para excavar más después de los arrestos.
Mesick se negó a comentar el martes, citando secreto de sumario.
El lunes, cuestionó por qué los investigadores debían seguir buscando pruebas después de realizar arrestos. En el momento de los arrestos del 13 de abril, el alguacil dijo que creía que tenía suficiente evidencia para ganar condenas.
Mesick argumentó que había muchas explicaciones inocentes de por qué se había excavado previamente tierra en el patio. Dijo que una retroexcavadora había excavado una zanja para tirar la tierra que se quitó para sentar una base cercana.
Paul Flores fue retenido sin derecho a fianza el lunes. Pero el juez indicó que fijaría una fianza razonable el miércoles para el padre, quien tiene problemas de salud y se encuentra actualmente en la cárcel de San Luis Obispo con una fianza de $250,000.
El documento presentaba resúmenes de por qué los fiscales no querían que ninguno de los dos fuera liberado en espera de un juicio que podría tardar años.
Nikki Rodríguez, portavoz de la corte, dijo que se suponía que los documentos no fueran públicos. El juez del caso ha emitido una orden de silencio que impide que los abogados, investigadores, testigos y otros hablen sobre el caso o entreguen documentos.
El Tribune dijo que obtuvo los documentos públicos del juzgado de la ciudad a 160 millas (258 kilómetros) al noroeste de Los Ángeles.
