La Junta de Supervisión Fiscal radicó hoy en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico una Demanda de Sentencia Declaratoria e Interdicto para hacer cumplir el Plan Fiscal certificado para Puerto Rico, que establece la reducción de jornada laboral y las pensiones.
La medida afectaría a 130,000 empleados públicos y según la Junta, debería entrar en vigor el próximo 1 de septiembre.
En el recurso, la Junta le pide al tribunal que declare que: el Plan Fiscal para Puerto Rico tal cual fue certificado por la Junta bajo PROMESA incluye sus Enmiendas (incluyendo las enmiendas que requieren (1) un programa de reducción parcial de jornada si ciertas metas no se cumplen y (2) una reforma de pensiones); las Enmiendas son disposiciones mandatorias y obligatorias del Plan Fiscal para Puerto Rico; y el Gobernador tiene que cumplir con y hacer cumplir el Plan Fiscal para Puerto Rico en su totalidad, incluyendo sus Enmiendas.
La Junta también le pide al tribunal un interdicto prohibiéndole al Gobernador rehusarse a cumplir con y hacer cumplir el Plan Fiscal para Puerto Rico (incluyendo sus Enmiendas) o de otro modo tratar las Enmiendas como si no fueran parte del Plan Fiscal.
Sin embargo, el gobierno de Rosselló manifestó públicamente que no acataría la determinación de la Junta y que no está obligado a hacerlo, pues alegan que según Promesa, la Junta solo puede recomendar.
De hecho, el gobernador dijo estar dispuesto a ir preso antes de reducir la jornada de los empleados públicos.
“La reforma fiscal es un proceso difícil pero necesario para Puerto Rico y la credibilidad del plan radica en su cumplimiento. Aunque hubiéramos preferido evitar este paso, creemos que es una medida necesaria para mantener a Puerto Rico en curso con sus compromisos de reducir el gasto y establecer una base estable para su futuro económico”, dijo Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta de Supervisión en comunicado de prensa.
